¿No más "Bandita de Magallanes"?

No dejaron pasar la Bandita de Magallanes al partido con el Chago Morning. Pues bien, siendo el grupo más inofensivo que uno podría imaginar, (después de la delantera de Colo Colo, como diría mi colega Ernesto Vásquez) se han levantado un montón de voces alegando que los mecanismos de control policial del ingreso a los partidos de fútbol profesional deben aplicarse con sentido común.

Así, por ejemplo, Daniel Olguín, líder de la Guardia Albiceleste (barra de Magallanes), pidió que les dejen entrar bombos y lienzos al estadio a su barra, dando cuenta que ellos no son violentistas, como otras barras bravas.

¿Razonable? El Programa de Gobierno “Estadio Seguro” supone estos costos. La lógica es reproducir las estrategias que probaron ser eficaces en países como Inglaterra. Si algo debe dejarse claro entonces ahora, pues parece no estarlo, es que la idea no es sólo ser más intensivo al controlar del ingreso a los estadios: es no permitir ningún tipo de lienzo ni bengala ni bombo ni ningún otro tipo de elemento potencialmente peligroso o afín al colorido espectáculo al que estamos acostumbrados en el fútbol profesional del cono sur en nuestro continente y que, en sí, no parece abominable. Inclusive la idea es no permitir gente de pie durente los partidos. ¿Se imaginan a "Los de Abajo" SENTADOS?.No pues, la idea no es que "Los de Abajo" se porten bien, sino que no existan más. ¿Por qué? Simple: así funcionó en Europa y los ideólogos de tal transformación son radicales: si el cambio no es completo no resulta. Es la declaración de fe de Cristián Barra (su apellido no puede ser más ad hoc) el encargado de dicho programa, insisto, del gobierno.

Así entonces lo que me parece vale la pena cuestionarse ahora es (1) Por que la Intendenta, representante del propio Gobierno y autoridad competente en materias de seguridad metropolitana, reclama de los Carabineros sentido común mientras Barra afirma que “Si esto significa que finalmente no podremos ver más a la Bandita de Magallanes, bueno, tendrá que ser así el costo” (hace algunas horas a www.cooperativa.cl) (2) Estos planes obedecen a una visión que creo no se ha legitimado suficientemente y que además, como ha afirmado Soledad Alvear, no se funda en la existencia de disposiciones de jerarquía legal que permitan controles con el alcance que se ha planteado. Sobre todo, no tengo claro que estemos de acuerdo en importar una solución que ha probado ser efectiva, pero cuyo precio necesariamente será cambiar la manera como quienes lo aman han entendido el fútbol en este lugar del mundo (3) Sobre todo, si lo que se quiere es que se apliquen controles más intensos, pero con sentido común, debe tenerse en cuenta que reclamar tal “sentido común” de los operadores frente a situaciones prácticas, siempre acarrea el riesgo de actuaciones arbitrarias. Cuando entregamos a la discrecionalidad de un funcionario policial la posibilidad de decidir quién entra o no al estadio, conforme a criterios tan difusos como distinguir quienes han sido tradicionalmente los malos barristas de los que han sido correctos hinchas, el paso siguiente necesariamente será que el chascón no entra y el de camisa “Polo” sí.

Roberto

Más de lo mismo

En definitiva murió. El “desenlace que nadie quería” ocurrió hace unos días. Dudoso me parece el pesimismo de quienes ven en este hecho un síntoma desconcertante de una enfermedad social hasta ahora desconocida. El mal siempre ha estado ahí y sin que hayamos hecho nada al respecto es hoy menos monstruoso que antes. Pero monstruoso al fin y al cabo y viene a despertarnos de un irresponsable letargo. Es triste asignar a la muerte de un ser humano el rol de “útil para una causa socialmente valiosa” pero eso es lo que se está haciendo y si la respuesta social a golpes de electricidad tan poderosos como este alguna vez es razonable, podremos avanzar hacia una sociedad más amable. Pero dudo que así sea porque, como es habitual, el enfoque que se ha dado a las posibilidades de reacción desde las políticas públicas carece de respaldo científico y político serio.

Afirmo lo anterior porque percibo que las expectativas de transformación están puestas en un proyecto de ley pobre y desorientado, que comienza afirmando: “Las disposiciones de esta ley tienen por objeto prevenir y eliminar todas las formas de discriminación que se ejerzan contra cualquier persona.” Que las pretensiones de transformación expresen una ambición tan desmedida parece más que pueril, engañoso, porque cuando tu dices “la aspirina busca curar el mal” estás insinuando a la población que una vez que te la tomes, el problema estará solucionado.

Más allá de la cuestión semántica, y jugando dentro de mi área de competencias, una vez más se busca una solución, con el mismo entusiasmo de siempre y sin haber encontrado algún resultado positivo demostrable que avale esta tendencia, en la ley penal. Se pretende crear una agravante de responsabilidad penal aplicable a un delito (cualquiera que sea) que se cometa por una motivación discriminatoria fundada en la raza, color, origen étnico, edad, sexo, género, religión, creencia, opinión política o de otra índole, nacimiento, origen nacional, cultural o socioeconómico, idioma o lengua, estado civil, orientación sexual, enfermedad, discapacidad, estructura genética o cualquiera otra condición social o individual. En la exposición de categorías no nos quedamos cortos, ahora, si observa con atención, se trataría de la circunstancia número 21 del artículo 12 del Código Penal (que contempla las circunstancias agravantes de responsabilidad penal del régimen general) Desde el interior del sistema penal les comento a quienes no están familiarizados con él que las agravantes que en realidad se aplican con cierta habitualidad no son más de cuatro. Por otra parte, la tendencia que se refleja en el proyecto de reforma al Código Penal que duerme en el Congreso Nacional, es precisamente reducirlas por innecesarias: si la normativa penal chilena establece marcos penales (ámbitos, en algunos casos tan vastos como navegar desde los cinco años y un día hasta el presidio perpetuo) y no penas concretas, es evidente que el rol del juez es considerar estas motivaciones para aplicar una pena específica.

Pero volvamos a lo central, si lo que pretendemos es evitar expresiones de violencia o tratos vejatorios contra grupos o tipos de personas ¿una disposición de tal naturaleza nos ayudará a lograr tal objetivo? En realidad creo que nadie podría afirmar que sí lo hará y de manera determinante. Insisto: el problema no es lo poco eficaz o legítima que puede ser la solución que la ley propone. La médula del problema es que tal normativa pretende ser una solución, lo que nos insinúa que abandonemos o prestemos menos atención a posibilidades de acción pública que realmente pueden contribuir más intensamente a ser un avance efectivo. 

A mi juicio más que preocuparnos de si le damos veinte años o cadena perpetua a los asesinos de Daniel, tarea para la cual hoy el sistema penal le entrega herramientas bastante razonables a quienes se desempeñan en él, lo fundamental es centrarnos en la educación, en una educación que le muestre a las nuevas generaciones lo que fuimos capaces de hacer como el odio se ha expresado en baños de sangre inaceptable y como ellos pueden cambiar ese entorno. Respecto de ello el proyecto de ley no dice una sola palabra. Parece insinuarlo al referirse genéricamente al rol del Estado de elaborar políticas públicas tendientes a “garantizar a toda persona, sin discriminación alguna, el pleno, efectivo e igualitario goce y ejercicio de sus derechos y libertades” Pues bien, eso la Constitución ya lo decía y parece ser que no ha existido énfasis suficiente, como sea, y al igual que la nueva “acción especial” que viene a duplicar la fórmula de otras antes existentes, hacer más de lo mismo nunca ha sido solución a nada. Un síntoma claro de que el déficit en tal sentido cubre un campo tan amplio como China, es que las discusiones públicas centradas en técnica legislativa y el texto del proyecto de ley son más que mínimas marginales, que es muy difícil poder acceder, aún el la página web del Congreso Nacional a la versión actualizada del proyecto de ley, mientras en el debate público parece haber cierto consenso progresista definido en términos casi totalitarios: “si repudias la discriminación arbitraria y el asesinato de Daniel, debes apoyar el proyecto de ley” O estás con nosotros o estás contra nosotros. Esta vez amigos no cuenten conmigo.

Si nos preocupamos más de cómo castigar que de cómo enseñar, no cabe duda de que se engendrará más violencia. Ese ciclo si que es archiconocido.

Roberto.